En 2019, la esperanza volvió a resurgir en los campos de caña de Bermejo. Con la venia del Gobierno Nacional y el aval del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) nacía oficialmente el Complejo Industrial de la Caña de Azúcar (Cicasa), un ambicioso proyecto que prometía procesar 2.500 toneladas diarias de caña y aliviar así la sobreoferta no absorbida por el viejo ingenio de IABSA. Sin embargo, seis años después, lo que comenzó como una promesa de desarrollo terminó convertida en una pesadilla jurídica y financiera para los productores, que ahora peregrinan por justicia tras haber sido estafados con 684 mil dólares.

La estafa detrás del sueño

El hombre al centro de esta historia es Joao Henrique Pinheiro, un ciudadano brasileño que se presentó como empresario del rubro industrial y proveedor de maquinaria especializada para la construcción del ingenio.

Según relata Rodolfo Garzón, representante de Cicasa y dirigente de la Federación de Cañeros del Sur (Fecasur), fue Pinheiro quien convenció a los inversionistas de avanzar con el contrato, firmando documentos públicos y recibiendo en total 684 mil dólares, dinero transferido desde bancos bolivianos a cuentas internacionales.

“Cumplimos con todos los desembolsos exigidos en el contrato. Él incluso envió a un ingeniero desde Brasil para trabajar en la nivelación de los terrenos y el diseño del montaje”, explica Garzón a tiempo de señalar que nunca llegaron las máquinas.

Lo que siguió fue una larga y frustrante búsqueda de justicia. Ante los retrasos evidentes en la entrega de maquinaria, una comisión de Cicasa viajó a Brasil, donde confirmó que los equipos exhibidos por Pinheiro no le pertenecían. Con ese antecedente, decidieron iniciar un proceso penal por estafa agravada en Tarija, ante la imposibilidad de litigar en Brasil por los altos costos y los requisitos de ciudadanía que exigen en ese país.

Captura internacional

Con las pruebas documentadas, el caso avanzó en el Ministerio Público de Tarija, hasta que el Juzgado Público de Familia e Instrucción Penal Primero de Bermejo emitió una orden de aprehensión internacional contra Joao Henrique Pinheiro, activando el sello rojo de Interpol.

Sin embargo, ni con esa orden se logró dar con el paradero del acusado en Brasil. Según Garzón, Pinheiro incluso llegó a postularse para la alcaldía de Marilia, y mantuvo un perfil público alto, empero se dificultó su notificación judicial.

Tras no lograr respuestas en aquella primera oportunidad en Brasil, los afectados impulsaron una segunda solicitud de cooperación para congelar sus cuentas y anotar bienes, pero tampoco obtuvieron resultados. La justicia brasileña fue hermética.

El giro inesperado ocurrió el 27 de mayo de 2025, cuando Interpol notificó desde Madrid, España, que Pinheiro había sido detenido y puesto en custodia, abriendo una nueva posibilidad para que el caso avance, la solicitud formal de extradición a Bolivia.

Un exhorto por justicia

Garzón enfatiza que tuvieron que acudir a través de la Cancillería Bolivia para activar el exhorto suplicatorio para requerir oficialmente la extradición del ciudadano brasileño y que enfrente el proceso que se le sigue en Tarija por estafa.

Según Garzón, el objetivo no solo es que Pinheiro responda por el delito, sino que devuelva el dinero entregado por más de 600 familias, entre ellas figuran productores cañeros, transportistas, campesinos, operadores de maquinaria, entre otros, que usaron ahorros familiares para sumarse al proyecto.

El proyecto que nunca fue

Cicasa no era un proyecto improvisado. En 2019, los cañeros habían gestionado durante dos años su aprobación ante el MDRyT, obteniendo la autorización para utilizar 10.463 hectáreas agrícolas destinadas al cultivo de caña.

En paralelo, Cicasa fue registrada legalmente en Fundempresa y se realizó un estudio técnico que valoró el costo total del ingenio en 12 millones de dólares, con tecnología importada que permitiría procesar caña tanto para azúcar como para alcohol anhidro para vender a YPFB.

Los más de 1.000 productores afiliados a Fecasur se vieron directamente afectados. Además de la estafa, el tiempo perdido impactó en su economía, especialmente cuando el ingenio de IABSA no pudo absorber la producción completa.

Hoy, el proyecto Cicasa sigue paralizado. Sin maquinaria, sin fondos y con un proceso judicial en curso, los cañeros de Bermejo aún cargan con el peso de la frustración. Lo que pudo ser una alternativa productiva para una de las regiones más rezagadas de Tarija, se convirtió en un símbolo de desconfianza y estafa./El País