La investigación por el caso Botrading continúa generando tensiones. Mientras la justicia declaró en reserva el proceso y la Fiscalía ejecutó este jueves allanamientos en oficinas de YPFB Refinación y YPFB Logística, el denunciante Ludwig Abrahán Sánchez advirtió sobre intentos de manipulación y desaparición de documentación clave, señalando incluso a altos funcionarios como parte de una supuesta red de encubrimiento.

Según Sánchez, en los últimos días se habrían realizado movimientos internos en oficinas de YPFB con el objetivo de “maquillar y hacer desaparecer documentos” relacionados con la compra de combustibles con sobreprecio a través de la empresa Botrading.

“El día de hoy estamos haciendo una conferencia de prensa para advertir al pueblo boliviano de que tenemos información fidedigna: ayer y todos estos días han estado en YPFB Refinación y Corporación tratando de manipular y desaparecer documentación. Por eso exigimos que la Fiscalía allane hoy mismo, no mañana ni pasado, las oficinas de YPFB Refinación, Logística y Corporación en Santa Cruz”, sostuvo Sánchez. Paralelamente a esta conferencia, la Fiscalía allanó las oficinas de la estatal petrolera.

El denunciante también acusó a Joel Callaú, director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, de estar implicado en el caso y de viajar a Paraguay para, presuntamente, favorecer la desaparición de pruebas. “Callaú estuvo cinco días en Paraguay cuando el evento oficial duraba dos. Está maquillando documentos relacionados con Botrading. Exigimos también la intervención de la ANH”, reclamó.

Sánchez señaló que la Fiscalía había programado allanamientos para agosto, pero que estos fueron postergados con excusas, lo que, a su criterio, refleja complicidad institucional. “Si hoy los investigadores vuelven a poner excusas para no allanar, quiere decir que hay encubrimiento”, advirtió. También pidió a la prensa cruceña acompañar los operativos en vigilia para evitar que desaparezcan evidencias.

EL DEBER buscó a voceros y abogados de YPFB para conocer su versión. En un principio optaron por el silencio y luego anunciaron una conferencia de prensa en la cual explicarían su posición.

Investigación bajo reserva 

El abogado de la parte denunciante, Curmi Rocha, explicó que el caso fue declarado en reserva hace seis días, tras la audiencia del exgerente de YPFB Logística, Félix Cruz, quien permanece con detención preventiva en San Pedro. Rocha cuestionó la falta de transparencia.

“Comentarles que el caso ha entrado en reserva hace seis días, estamos esperando que salga de esa condición. El fiscal estaría ocultando el tema de los requerimientos y las notificaciones. Cuando vamos a despacho nos dice que el proceso estará a la vista la siguiente semana, pero no podemos ver qué actuaciones se están desarrollando. Lo que queremos saber es qué actividad concreta realiza el fiscal porque no está nada claro”, declaró.

El abogado denunció además que la parte querellante no tiene acceso a los documentos que se van presentando. “Nos están ocultando las declaraciones. Según el cuaderno de investigaciones, la Fiscalía solicitó que se emita la alerta migratoria contra los diez investigados, además de la anotación preventiva de bienes muebles e inmuebles y el congelamiento de cuentas bancarias”, detalló Rocha.

La defensa de la parte denunciante también recordó que aún falta ejecutar los allanamientos a todas las oficinas de YPFB, que estaban programados para agosto.

Por su parte, la defensa de Félix Cruz, representada por Edwin Lenis, insistió en la inocencia de su defendido y lamentó la determinación de la justicia, que ratificó la detención preventiva en la cárcel.

“Se ha confirmado la resolución de detención preventiva. Félix es inocente, no participó en los hechos que le atribuyen porque no era funcionario de YPFB estatal, sino de una empresa privada”, afirmó.

El jurista cuestionó además uno de los argumentos usados por la Fiscalía. “Dicen que no asistió a la Cámara de Diputados a prestar declaración, cuando esa notificación nunca le llegó en persona o de forma formal. A partir de ahí sostienen que tenía conocimiento del caso Botrading. Es un enredo lo que han planteado”, afirmó.

El caso Botrading involucra presuntas irregularidades millonarias en la compra de combustibles y la conformación de una empresa privada paralela vinculada a funcionarios de YPFB. Según Sánchez, se trataría del “sobrecosto más grande de la historia del país, con un perjuicio estimado en 3.000 millones de dólares anuales”.

Mientras tanto, la Fiscalía aseguró que continuará con citaciones, ampliación de pesquisas y nuevas medidas citaciones en las próximas semanas. / EL DEBER