El ex gerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos, Franklin Flores y su exfiscal de obras, Daniela Arancibia Dominguez, fueron beneficiados con la detención domiciliaria y una fianza de Bs 50.000 lo que provocó la protesta de la fiscalía y el Ministerio de Justicia. Una extensa lectura de la resolución precedió a la decisión judicial que fue asumida a las 00:24.

El juez 11 avo. de Instrucción en lo Penal, Hugo Huacani, decidió las medidas alternativas luego de una audiencia de más de 9 horas donde escuchó el alegato de la fiscalía que recitó la investigación que realizó el Ministerio de Justicia y los abogados defensores intentaron desvirtuar las acusaciones, lo que benefició a sus clientes.
 

El 20 de septiembre de 2024 el presidente Luis Arce inauguró la denominada “Planta de Transformación, Centro de Acopio y Almacenamiento de Papa”, en esa oportunidad, el primer mandatario, dijo que esta fábrica costó Bs 162 millones. Sin embargo, en el contrato figura la suma de Bs 148.224.579, es decir Bs 13,7 millones menos que el precio anunciado por Arce en la inauguración.

La investigación se inició luego que el Ministerio de Justicia hiciera llegar un informe sobre la edificación de una fábrica de papas fritas en la ciudad de El Alto. Las irregularidades se desataron luego de descubrir que la planta fue construida en un terreno que no es de Emapa, sino que fue cedido por la Alcaldía de El Alto, pero el derecho propietario no fue consolidado.

Asimismo, se cambió en dos oportunidades el contrato con la empresa constructora, incluso se cambió el año del inicio de obras para dar más tiempo a los constructores. En esa oportunidad ingresó el papel de la ‘fiscal de obras’ Daniela Arancibia Domiguez, quien ahora también guardará detención domiciliaria.

Hay una veintena de funcionarios que estuvieron vinculados de algún modo a la construcción y la puesta en marcha de esa planta, los mismos que serán convocados a declarar y podría haber más investigados, al margen de los tres principales funcionarios de Emapa.

En marzo de este año, la activista María Galindo demostró que la fábrica era un fiasco, porque no estaba operando y conservaba sus instalaciones sin usar, seis meses después de haber sido inaugurada con actos de masas.

La planta supuestamente tenía 64 funcionarios que debían trabajar en dos turnos y Flores está acusado de no haber garantizado el funcionamiento de la ‘fábrica’ luego de gastar Bs 162 millones.

Ampliado

Viendo estas irregularidades, el Ministerio de Justicia investigó el patrimonio de Flores y sus dos socios Arancibia y Vargas. En todos los casos existe un incremento del patrimonio que no se justifica tomando en cuenta el nivel de ingresos que tenían los tres.

Según los datos oficiales, Flores fue investigado entre los años 2022 al 2025, a lo largo de esos cuatro años recibió en total Bs 687.730 como gerente de Emapa; sin embargo, en esa única cuenta aparecieron Bs 929.635, es decir Bs 241.905 en demasía.

Las investigaciones arrojaron que la que más dinero le depositó fue su jefa de recursos humanos, Mabel M.F., quien dejó Bs 136.950 en ese periodo de tiempo.

El caso de Daniela Arancibia es más complejo, pues en el mismo periodo de tiempo 2022-2025 tuvo cuatro cuentas en distintos bancos y administró dineros que no coindicen con sus ingresos, pues en esos cuatro años recibió depósitos por Bs 654.000 y se desconoce el destino de los mismos. A la fecha de la investigación, marzo de este año, solo tenía Bs 15 en sus cuatro cuentas.

En el caso del administrador Marvel Javier Vargas Ortiz, figura como propietario de cuatro vehículos y una casa, además es socio de una consultora de auditoría y se adjudicó contratos dentro el propio Estado, lo que llamó la atención de la investigación que realizó el Ministerio de Justicia.

Se estableció que tiene nueve cuentas bancarias y en esos cuatro años recibió la suma de Bs 1.499.707 distribuidos en los bancos; pero lo que llama la atención es que por su nivel salarial solo podía recibir Bs 430.315 lo que significa que hay un monto de Bs 1.069.392 sin justificar.

Ahora los tres están acusados de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y enriquecimiento ilícito./El Deber