En medio de la crisis que atraviesa el país, la Cámara de Diputados aprobó la madrugada de este viernes un proyecto de ley que suspende temporalmente los embargos y la ejecución de sentencias por créditos de vivienda social.

Asimismo, este proyecto de ley determina un diferimiento de créditos de los préstamos realizados para viviendas de interés social y para unidades económicas “micro y pequeña”.

La iniciativa fue aprobada en sus estaciones en grande y detalle, luego fue remitida a la Cámara de Senadores para su tratamiento. 

El proyecto se llama “Ley Excepcional de Suspensión Temporal de Embargos y Ejecución de Sentencias en Procesos Judiciales por Créditos de Vivienda de Interés Social y Diferimiento de Créditos para Vivienda de Interés Social y Créditos a Unidades Económicas de Tamaño Micro y Pequeña”.

El artículo 2 del proyecto de Ley 547/2024-2025 establece que, “para los prestatarios que se encuentren con acciones judiciales por cobro de dinero emergente de créditos de vivienda de interés social otorgados por las entidades de intermediación financiera, se dispone que, por el plazo de seis meses, computables a partir de la publicación de la presente Ley, quedan suspendidos en todo el territorio nacional las órdenes judiciales de embargo, así como la ejecución de sentencias, remates, desapoderamientos y otras medidas judiciales que puedan afectar o recaer sobre los bienes objeto de garantía o de titularidad de los demandados o ejecutados”.

El artículo 3 de la misma iniciativa señala que “las entidades de intermediación financiera y las entidades de arrendamiento financiero que operan en el territorio nacional, por el plazo de seis meses, computables a partir de la publicación de la presente Ley, deben diferir automáticamente los pagos de las cuotas de los créditos otorgados para vivienda de interés social y de los créditos de las unidades económicas de tamaño micro y pequeña, comprendiendo dichas cuotas el pago a capital e intereses, seguros, comisiones y otros cargos”.

Mediante un comunicado difundido el pasado 8 de septiembre, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas aseguró que este proyecto de ley “no compromete la estabilidad y solidez del sistema financiero porque no implica una condonación de deudas ni una intervención en los contratos entre prestatarios e instituciones financieras”./El Deber