En medio de un ambiente crispado y con serios cuestionamientos sobre transparencia, la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados aprobó anoche —por voto secreto— el contrato firmado entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la empresa rusa Uranium One Group para industrializar el litio en el salar de Uyuni. La decisión fue remitida al pleno para su tratamiento, pese a las advertencias de sectores cívicos y denuncias de irregularidades.

El contrato pasó la votación “en grande” con nueve votos a favor, dos en contra y cuatro nulos; en “detalle” se repitió la tendencia: ocho a favor, tres en contra y cuatro nulos. La sesión, que debía realizarse en sala cerrada, se trasladó al hemiciclo por los incidentes registrados en la mañana, cuando legisladores opositores intentaron frenar el análisis del documento.

El episodio más llamativo fue protagonizado por la diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Lissa Claros, quien mordió el brazo de un funcionario, y por su colega Marina Morales, que arrojó una botella de agua contra la testera, donde se encontraba el presidente de la comisión, Hernán Hinojosa.

En la sesión participaron todos los miembros titulares y adscritos, entre ellos los legisladores de CC Miguel Roca y Marina Morales. En paralelo, el viceministro de Altas Tecnologías Energéticas, Álvaro Arnez, y el presidente interino de YLB, Pablo Nina, defendieron el contrato, que prevé una inversión de $us 975 millones para instalar una planta industrial con capacidad final de 14.000 toneladas anuales de carbonato de litio.

La planta se ubicará cerca del complejo Llipi de YLB y abarcará 20.703 hectáreas del salar, equivalente al 0,3% de su superficie. 
Se ejecutará en tres fases de producción escalonada y, según el Gobierno, la tecnología rusa promete recuperar más del 80% del litio, frente al 12% obtenido con el método tradicional. Sin embargo, la implementación estará condicionada a evaluaciones técnicas, ambientales e hídricas, requisitos que críticos temen queden en el papel.

Potosí rechaza contrato

Fuera del hemiciclo, el rechazo fue contundente. El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) mantiene una vigilia desde hace días y califica el contrato como “anticonstitucional” y “dañino” para las comunidades locales. Su presidente, Alberto Pérez, acusó a diputados oficialistas y aliados de actuar con intereses ocultos y de ignorar el compromiso de febrero, que establecía que el debate debía realizarse en Potosí.

Pérez arremetió contra el diputado potosino Pedro Francisco Coro, a quien tildó de “traidor” por respaldar el acuerdo, y advirtió que podría pedirse su destitución. Denunció que el contrato no considera el impacto ambiental ni el uso del agua, lo que —dijo— afectará a más de 51 comunidades.

“Estamos en estado de emergencia y en vigilia permanente. Nos han intentado desalojar dos veces con la Policía, pero resistimos para evitar que se entreguen nuestros recursos a negocios turbios”, aseguró el dirigente, que además ofreció garantizar espacios en Potosí —incluida la Fiscalía y el mismo comité cívico— para que sesione la comisión.

El contrato ahora debe ser avalado por el plenario de la Cámara de Diputados para luego ir a la Cámara de Senadores. / El Deber