La orden de aprehender a Evo Morales es un asunto que quema las manos de las autoridades. Data de enero de este año, han pasado nueve meses y no se la ejecuta hasta ahora.

El pasado domingo 19 de octubre, día de la segunda vuelta electoral, efectivos policiales detuvieron a 221 personas por tener cuentas pendientes con la justicia. La mayoría de ellos fueron conducidas a prisión por asistencia familiar; empero, el expresidente Morales, que también asistió a votar, no fue retenido pese a tener dos mandamientos de aprehensión por trata.

El abogado constitucionalista y expresidente del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia (Conalab), Arturo Yáñez, en entrevista con Correo del Sur Radio, cuestionó que la Policía no haya ejecutado esos mandamientos, lo que demuestra “que en Bolivia hay personas de primera, de segunda o de tercera”.

“Una persona buscada por la justicia, con dos mandamientos de aprehensión, se pavonea votando frente a la Policía e incluso hace conferencias de prensa, lo que demuestra una debilidad del Estado que no demuestra institucionalidad”, señaló Yáñez.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, y el fiscal general Roger Mariaca, cada uno por su lado, manifestaron que la atribución de la captura es de la Policía.

ACUSACIÓN FORMAL

El mediodía del martes, Mariaca confirmó que la Fiscalía Departamental de Tarija presentó la acusación formal contra Morales por el delito de trata de personas con agravante. Con ello, se abre la etapa de juicio oral en un tribunal de sentencia.

Tras presentarse la acusación, la máxima autoridad del Ministerio Público dijo que la orden de aprehensión continúa vigente y reiteró que su ejecución está en manos de la Policía.

COMO CUALQUIER CIUDADANO

Saucedo, la noche del martes, indicó que la justicia debe medir por igual a todos los procesados y que las instituciones tienen que cumplir sus competencias para que esas personas sean puestas a disposición de un juez cautelar, y si existe una orden de aprehensión emitida por una autoridad competente, la Policía debe ejecutarla.

“Que cada uno cumpla su rol y, en el momento en que (Evo Morales u otra persona imputada) esté puesto a disposición de una autoridad jurisdiccional, con seguridad será procesada al igual que cualquier ciudadano”, precisó.

Saucedo dijo que el Órgano Judicial cumplió con su atribución a través de los jueces con la declaración de la rebeldía y las órdenes de aprehensión, pero la que debe ejecutarla es la Policía.

ALTO RIESGO

El pasado mes, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, justificó la demora en la ejecución del mandamiento de aprehensión contra Morales con un supuesto alto riesgo de enfrentamientos y un posible derramamiento de sangre que podría implicar un operativo en la región del Trópico de Cochabamba./Correo del Sur