La escasez de diésel continúa golpeando al país pese a los anuncios oficiales de normalización. La gerente de la Asociación de Surtidores (Asosur), Susy Dorado, explicó que las estaciones de servicio apenas están recibiendo entre un 30% y 40% del volumen que requieren para cubrir la demanda diaria.

“Ustedes han podido ver, las colas por el diésel continúan. No hemos podido salir de esta falencia, no se ha cubierto la totalidad de la demanda que tenemos en las estaciones de servicio”, afirmó en entrevista con medios de TV.

Dorado explicó que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) está entregando el producto solo entre una y dos veces por semana, lo que ha complicado especialmente a las zonas rurales. “El diésel es un producto bastante requerido, principalmente en provincia. Quienes más lo sufren son los agropecuarios, los agricultores, que están imposibilitados de conseguir este producto. Ahorita estamos aproximadamente con un 30 a 40% de entrega de lo necesario para cada estación de servicio”, señaló.

El suministro irregular ha generado largas filas en varias estaciones del país y ha comenzado a afectar las actividades agrícolas e industriales que dependen del combustible para mover maquinaria y transporte pesado. Desde el sector, piden a las autoridades una solución estructural y no solo medidas paliativas.
El problema no es reciente.

Bolivia atraviesa una crisis energética derivada de la caída de la producción de hidrocarburos, la falta de divisas para importar combustibles y el contrabando hacia países vecinos, lo que ha tensionado el abastecimiento interno. Los sectores más golpeados son los productivos, especialmente el agro, que necesita diésel para la siembra, la cosecha y el transporte.

En medio de este panorama, el Gobierno promulgó la “Ley Corta Excepcional y Transitoria para Garantizar el Abastecimiento de Diésel y Gasolina”, una norma promovida por el Comité pro Santa Cruz, que habilita por tres meses la importación privada de combustibles. La medida busca aliviar la escasez mediante la participación temporal de empresas o personas naturales que puedan traer diésel, gasolina o incluso gas licuado de petróleo (GLP) para su comercialización interna.

La norma establece que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) debe otorgar una Licencia Excepcional de Importación y Despacho Directo (LEIDD) en un plazo máximo de 48 horas, reduciendo la burocracia estatal. También libera temporalmente del pago del Impuesto a la Transferencia (IT) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los importadores, e incluso autoriza a las estaciones de servicio a comercializar hasta 19.900 litros de combustible importado bajo régimen de libre competencia.

Sin embargo, el propio presidente Luis Arce advirtió que el costo de los combustibles importados podría ser más elevado que los precios actuales, que se mantienen subvencionados por el Estado. Reconoció además que la ley no resuelve de fondo el problema operativo de distribución y que su aplicación podría enfrentar dificultades logísticas.

Por ahora, la normalización del abastecimiento sigue siendo una promesa pendiente. La combinación de baja producción nacional, trabas logísticas y medidas de emergencia mantiene al país en una situación frágil, donde el diésel, esencial para mover la economía, se ha convertido en un bien escaso y disputado./El Deber