Con las Elecciones Generales a la vuelta de la esquina y el telón a punto de caer sobre la administración del presidente Luis Arce, la sombra del gasto público excesivo se proyecta casi trágica sobre la economía boliviana. En el imaginario colectivo, esta gestión que culmina en apenas cuatro meses deja un legado preocupante: la nación sumida en una de las crisis económicas más profundas de las últimas tres décadas. 

El Centro de Estudios Populi (CEP), concluyó hace pocos días un documento inquietante titulado Informe de política fiscal y monetaria en Bolivia, 2014-2023 en el que, a partir del análisis de los datos de las finanzas públicas bolivianas de la última década, resulta evidente que se viene arrastrando un déficit fiscal crónico e imparable, superior al 8% del PIB.

De acuerdo con el documento, la evolución del gasto público en Bolivia durante el periodo 2014-2023 tiene una tendencia clara. El gasto del Sector Público No Financiero (SPNF) pasó de Bs 117 millones en 2016 a más de Bs 144 millones para 2023. Como consecuencia de lo anterior, el déficit fiscal, medido como porcentaje del PIB, promedió un 8,1%, con estimaciones superiores a esta media para los periodos 2024 y 2025 (ver tabla en la próxima página).

Es decir, que la proyección para 2024 y 2025 fue de -10% y -9%, respectivamente, los mayores porcentajes de los últimos 12 años, exceptuando el año de la pandemia, cuando el déficit fiscal alcanzó -13% en porcentaje del PIB.

Óscar Mario Tomianovic, investigador económico del CEP, explicó que en 2016 el gasto público llegaba a los Bs 117 mil millones, mientras que para 2023 ya superaba los 144 mil millones, lo que supone un aumento del 23%. En contraposición, los ingresos pasaron de Bs 100 mil millones a apenas 110 millones durante el mismo periodo, es decir, un aumento de sólo el 10%. 

“En perspectiva histórica, el gasto público, cuantificado en el PGE, supone más del 80% del PIB de Bolivia, lo que indica una gran incidencia del gasto público con relación al tamaño de la economía. Esto supone un gran riesgo para la economía misma, dado que un elevado nivel de gasto supone fuentes estables de financiamiento”, apuntó. 

Al mismo tiempo, resaltó que descuidos como aumentos de la deuda pública o déficits sostenidos, ponen en jaque las fuentes importantes de recursos para el gobierno, como la captación de recursos por bonos soberanos y préstamos de organismos multilaterales. 

Destino de los fondos

Según el informe de Populi, el principal destino del gasto público corresponde a gasto corriente, en detrimento del gasto de capital. De ahí que la relación pasara de un balanceado 66%-34% en 2016 a un 85%-15% en 2023, correspondientemente. 

“Cuando se analiza el gasto corriente, una de las principales partidas es la de sueldos y salarios”, destaca el documento, donde se evidencia que el gasto en sueldos del gobierno general pasó de Bs 23 mil millones en 2014 a más de 40 mil millones en 2023. En el caso de las empresas públicas, el gasto en sueldos y salarios pasó de Bs 1,6 mil millones a más de 2,4 mil millones en el mismo periodo. 

Con datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), el estudio resalta que el gasto de capital se descompone en dos grandes partidas: gobierno general y empresas públicas. 

El desembolso al gobierno general pasó de Bs 35 mil millones a poco más de 16 mil millones entre 2014 y 2023. En el caso de las empresas públicas, pasaron de Bs 8 mil millones de bolivianos a 5 mil millones en el mismo periodo. Contabilizando los totales, el gasto de capital pasó de Bs 44 mil millones a 21 mil millones. 

“Las empresas públicas han sido beneficiadas con más de 11 mil millones de bolivianos durante el periodo 2014-2023 bajo el concepto de transferencias corrientes. Por otro lado, más de 33 mil millones de bolivianos del Banco Central han sido destinados a financiar sus operaciones deficitarias. El déficit de las empresas públicas supuso más del 1,3% del PIB en el año 2023”, subrayó Tomianovic. 

Por otro lado, agregó, la subvención de los hidrocarburos, con efectos negativos por el lado de la demanda de carburantes, supuso cerca de $us 2 mil millones y casi un 4% del PIB, siendo la segunda partida más significativa del déficit total, que llegó al 10,9% del PIB.

EL DEBER intentó conocer la versión del MEFP, pero hasta el cierre de esta nota, no fue posible. 

Inicio y fin de la bonanza

El analista de Presupuestos Públicos de la Fundación Jubileo, René Martínez, señaló a la “época de bonanza del gas” como el inicio del incremento del gasto público, con el crecimiento del gasto corriente y el gasto en inversión, esta última que empieza a reducirse desde 2016. 

“Esta bonanza fue hasta el año 2014. Luego sigue el crecimiento del gasto, pero ya financiado principalmente con endeudamiento; deuda externa y, en los últimos años, mucha deuda interna, deuda del Banco Central (BCB) al TGN. Con eso se ha seguido expandiendo el gasto desmesuradamente”, expresó.

El analista precisó que la principal razón para el incremento del gasto es el modelo económico de los gobiernos socialistas desde 2006. “El Gobierno mismo ha explicado que este modelo, se basaba en estimular la demanda interna. En economía se llama demanda agregada a través de un mayor gasto del Estado”, sostuvo Martínez.

Sin embargo, aclaró que la erogación de esos recursos no genera empleo ni valor agregado. “La expansión del gasto de los últimos años ha sido financiada con emisión (monetaria). Y nosotros ya conocemos esta palabra que da miedo, pero eso es lo que ha hecho el Gobierno. Y por eso es que también la inflación se está disparando, y nos está llevando a esta crisis cada vez más profunda”, agregó. 

Al mismo tiempo, Martínez detalló que el gasto corriente aumentó un 12% en el Presupuesto General del Estado 2025. En 2024 fue de 7,7% y que la situación pudo haberse revertido desde el año 2015 al 2018, flexibilizando el tipo de cambio, reduciendo el gasto público y la subvención de los combustibles, así como las empresas estatales deficitarias. 

Aclaró que dentro del gasto corriente también se incorporan los sueldos de los sectores “grandes”, como es Educación, Salud, Fuerzas Armadas y Policía. Sin embargo, el mayor es el sostenimiento de la burocracia estatal.

Las empresas públicas

De acuerdo con el informe de Populi, existen 32 empresas públicas a nivel nacional, las cuales, desde el año 2014 hasta el 2023, con excepción del año 2020, han persistido en una tendencia deficitaria, con un promedio de 1,54% del PIB, consiguiendo un resultado positivo en el año de la pandemia y presentando pérdidas en los demás años. 

El peso del sector hidrocarburífero todavía marca diferencia en los ingresos de las empresas públicas. Por ejemplo, de un máximo registrado en 2014 de más de Bs 54 mil millones, los ingresos hidrocarburíferos cayeron a 33 mil millones en 2023, “poniendo en manifiesto las debilidades estructurales que atraviesa este sector a partir de la caída en la inversión en exploración y explotación”, expresa el documento. 

Un elemento preocupante —agrega— es la caída de los gastos de capital de las empresas públicas, los que pasaron de Bs 8,3 mil millones en 2014 a apenas 5,3 mil millones en 2023.

Al mismo tiempo, reveló que el gobierno contabiliza como ingresos de las empresas públicas aquellas operaciones propias de las empresas, es decir, aquellas relacionadas a la labor que ejercen, a la par que las transferencias desde el TGN. “Así, por ejemplo, los ingresos de una empresa pública como BOA incluyen beneficios por la venta de pasajes, así como de transferencias del gobierno”, consideró.

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Seis posibles medidas contra el déficit fiscal 

El Centro de Estudios Populi identificó el déficit fiscal como el principal de los problemas que atraviesa la economía boliviana. Presenta seis recomendaciones: 

1. Ajuste fiscal: es necesario recortar en partidas clave, como el subsidio a los hidrocarburos y las transferencias del TGN a empresas públicas.
2. Desregulación de la economía: eliminar aquellas trabas burocráticas y regulaciones que entorpecen la función empresarial y asfixian al sector laboral. 
3. Aplicación de reglas fiscales: incorporar a la reglamentación de la elaboración de presupuestos una norma de disciplina fiscal. 
4. Ofrecer certidumbre en materia monetaria y fiscal: preservar el valor de los ahorros de los bolivianos en el sistema financiero. Una devaluación precipitada sólo derivaría en una confiscación del patrimonio de los ahorristas bolivianos.
5. Celeridad: Un recorte del gasto público que llegue demasiado tarde podría disparar las necesidades de financiamiento, aumentando la deuda pública y agotando las pocas posibilidades de acceso a recursos externos. 
6. Fondos de alivio social: precautelar el mantenimiento de medidas de apoyo social a los estratos más vulnerables. Se podrían formar fondos de desempleo y ayuda social con los recursos generados a partir de la liquidación de empresas públicas. / EL DEBER