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Gobernación prevé rescindir 90 ítems de salud por la crisis

Por falta de presupuesto para el pago de salarios, la Gobernación de Tarija instruyó al Servicio Departamental de Salud (Sedes) finalizar 90 contratos de trabajadores de salud hasta el 31 de julio. Esto afecta a diferentes áreas, desde enfermeras hasta personal de laboratorio. Esta determinación provocó un rechazo en los trabajadores de salud, quienes anuncian movilizaciones por el retiro del personal y por el bono vacunación, que debió cancelarse el 6 de julio.

Tras confirmarse el retiro de 24 personas, el gobernador Oscar Montes adelantó que hasta el 31 de julio se cesarán en total a 90 funcionarios. Reiteró que la administración central no cuenta con recursos económicos suficientes para seguir financiando estos contratos, entre médicos, enfermeras y personal médico auxiliar del sistema de tercer nivel. Además, advirtió que la finalización de contratos se aplicará también en otras unidades y secretarías de la Gobernación.

La autoridad departamental explicó que, tras concluir un estudio sobre la distribución de ítems de salud en los 11 municipios, se identificó que existe falta de personal en los centros hospitalarios de Cercado, Villa Montes y Yacuiba, mientras que en los municipios de Bermejo, Padcaya, Uriondo, El Puente, San Lorenzo, Entre Ríos, Yunchará y Carapari, existe un supernumerario de personal, por lo que en el mes de agosto migrarán a otros centros médicos.

La Asociación de Municipios de Tarija (AMT) ha mostrado preocupación sobre la distribución de ítems de salud, por lo que ha solicitado una reunión al Ministerio de Salud para analizar posibles soluciones, sin embargo, no ha tenido una respuesta oficial.

Los alcaldes han admitido que existe una mala distribución del personal de salud, pero, al igual de la Gobernación, dicen no tener los fondos suficientes para cubrir los salarios de más de 300 ítems que están distribuidos en diferentes municipios.

Actualmente la Gobernación financia, desde el año 2016, 629 ítems de salud en el departamento, de los cuales, 338 ítems están en los gobiernos municipales.

Colegio Médico

El presidente del Colegio Médico de Tarija, Edwin Valdés, cuestionó a las autoridades departamentales por finalizar contratos laborales a trabajadores del tercer nivel sin tomar en cuenta a la institución de salud, situación que obliga a este sector a mantener el estado de emergencia, bajo amenaza de movilizaciones en el transcurso de esta semana.

Desde el Sedes advirtieron que siete de cada 10 médicos en el departamento de Tarija dependen del Ministerio de Salud, por lo que el Gobierno Nacional debería asumir esa responsabilidad, considerando que maneja el 80% de los ingresos nacionales, mientras que la Gobernación solo recibe los recursos de la regalías, que han caído por debajo del 40% y la tendencia es que seguirán mermando.

El bono de vacunación, otro pago pendiente

El Gobernador de Tarija lamentó que la Gobernación tenga que asumir gastos que son responsabilidad del Gobierno, como el bono vacunación, que implica erogar 8 millones de bolivianos para 1.500 personas, recursos con los que no cuenta la institución. Por ello, instó a los trabajadores en salud a renunciar a este beneficio, con la finalidad de garantizar recursos económicos para los centros de acogida, para la alimentación de los privados de libertad y los programas sociales, como la canasta alimentaria para el adulto mayor.

El ejecutivo del Sindicato de Trabajadores en Salud, Omar Velásquez, dejó en claro que no renunciarán a este bono. Recalcó que es un beneficio adquirido hace más de 30 años atrás, debido a que no están incorporados en la Ley General del Trabajo. Sobre al argumento de que no hay recursos, indicó que la Gobernación conocía perfectamente que todos los años se paga este bono, por lo que se debió tomar previsiones al momento de elaborar el presupuesto departamental.

En caso de que el Gobernador mantenga su postura no pagar el bono, Velásquez no descarta exigir al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas el débito automático para cubrir la transferencia./El País

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