El viernes se ha llevado adelante una reunión de gobernadores en Tarija, oportunidad en la que al exponer la difícil situación económica de cada institución, han resuelto convocar a los candidatos presidenciales para llegar a algún acuerdo en torno al Pacto Fiscal, tarea que el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) lo ha rezagado desde hace más de una década y ha evitado redistribuir recursos económicos a los niveles subnacionales.

La reunión

En la reunión participaron los representantes de las gobernaciones de Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Chuquisaca, La Paz, Beni y Tarija como anfitrión. Potosí y Pando estuvieron ausentes, argumentaron motivos técnicos.

El gobernador de Tarija, Oscar Montes, indicó que los temas que se han abordado, tienen que ver con la crítica situación financiera por la que están atravesando las autonomías departamentales, que tiene su origen en la falta de aplicación plena de la Ley Marco de Autonomías y la Constitución Política del Estado (CPE).

“La CPE es muy clara cuando establece que cualquier delegación de competencias del Gobierno Nacional a los gobiernos subnacionales debe estar acompañada con la transferencia de recursos”, afirmó.

Más competencias, menos plata

En esta línea, Montes recordó que los gobiernos departamentales han recibido en el año 2010 más de 80 competencias que eran del Gobierno Nacional, pero que ahora la ejercen los gobiernos departamentales y no han recibido los recursos económicos para atender esas responsabilidades.

Competencias Los gobiernos departamentales han recibido en el año 2010 más de 80 competencias que eran del Gobierno Nacional

“Esto debería haberse subsanado a través de un Pacto Fiscal que debería haberse realizado el año 2012 luego del Censo de Población y Vivienda realizado en esa gestión. Sin embargo, ha pasado una década y resulta que no tenemos recursos asignados del nivel central para cumplir esas obligaciones, es más, nuestra situación se ve agravada porque localmente hemos asumido nuevos compromisos a través de leyes departamentales, convenios interinstitucionales y otra forma que obliga a entregar recursos a diversas instancias, como los municipios y otras organizaciones”, puntualizó.

Montes señala, que lo más grave es que el Gobierno Nacional de manera abusiva viene dando vigencia al artículo 10 de la Ley Financial del 2005, que en ese tiempo daba la tarea al prefecto de turno que era nombrado a dedo por el Presidente, para que cumpla el pago de ciertas obligaciones que tenía el Gobierno Nacional, que las sigue manteniendo y hace que los gobiernos departamentales las paguen.

“Hoy ya no podemos seguir cumpliendo eso, porque al momento que se agotó el gas, se agotaron las rentas petroleras, como Regalías, IDH e IEHD, que son las fuentes que han estado sirviendo para cumplir esas competencias, cuando deberían haber sido recursos del TGN para cumplir las 80 obligaciones transferidas”, cuestionó.

Resolución de los gobernadores

Tras la reunión, los gobernadores determinaron plantear ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una inconstitucionalidad abstracta a la vigencia del artículo 10 de la Ley Financial del año 2005, por considerarlo atentatorio a la autonomía departamental y violenta la CPE.

También pedirán al presidente Luis Arce que ya no se retenga el 12% del IDH para una “supuesta exploración petrolera”. Recordaron que el Gobierno ofreció enormes ganancias, pero hasta ahora no han visto ningún tipo de beneficios y se sigue descontando esos recursos. Además, exigen que se devuelva lo que se ha retenido para poder salir de la crisis financiera en la que están todos los gobiernos departamentales.

Por otro lado, exigen respetar el acuerdo suscrito con el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, respecto a un fideicomiso que se estaba habilitando para facilitar la obtención de algunos recursos para cumplir obligaciones, pero que ahora han quitado la posibilidad de pagar deudas que han heredado los gobernadores, de las gestiones pasadas.

El Pacto Fiscal

Además, los gobernadores indicaron que existe la necesidad de que las autonomías nacionales puedan convocar a los candidatos, para que quien resulte electo, empiece a formar gobierno de manera inmediata porque la crisis así lo exige. En esa línea, convocarán a los candidatos presidenciales a un evento en donde se pedirá que se comprometan al cumplimiento de la Ley Marco de Autonomías y que se fije fecha para la realización del evento en donde se tenga que definir el Pacto Fiscal, de manera que se pueda salvar la economía del país.

En esa misma reunión se pedirá a los candidatos que se garantice el cumplimiento pleno del Decreto Supremo 25233, para otorgarle a los Sedes la rectoría plena sobre salud y evitar el manoseo político de este sector, ya que se asignan ítems, pero estos no obedecen a un criterio técnico, sino a consignas políticas.

Gobernaciones en crisis

Al respecto, el gobernador de Cochabamba, Humberto Sánchez, recalcó que existe una crisis económica en el nivel departamental que está asfixiando a las gobernaciones, por eso es que están demandando la devolución de los recursos retenidos del 12% del IDH para cumplir con las obligaciones actuales.

“Tenemos amenazas de ser procesados penalmente ante el incumplimiento de deberes, sin recursos cómo podemos responder ante ello”, indicó.

A su turno, el gobernador de Santa Cruz, Mario Aguilera, señaló que las gobernaciones viven una situación “tremendamente crítica”. Destacó esos espacios de debate, porque se hace un análisis integral e identificación de soluciones para sostener el modelo autonómico.

Fuenzalida: Ahora un Pacto Fiscal no es factible

El exrepresentante del Comité Interinstitucional por el Censo, Rodrigo Fuenzalida, ha advertido que un Pacto Fiscal con los recursos actuales no es factible para las regiones, porque el Gobierno Nacional ha despilfarrado los fondos del país.

“Pretender llevar adelante un Pacto Fiscal ahora, lo único que va a hacer es que los pocos recursos que tenemos se reparta entre todos, y eso no va a servir de nada. Lo que hay que hacer es un compromiso de parte de los candidatos a cambiar el modelo económico”./El Pais