En un contexto en el que el Gobierno pierde credibilidad, un reporte de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) revela un dato que genera controversia: la Gestora Pública invirtió más de $us 8.000 millones de los recursos de los aportantes al Sistema Integral de Pensiones (SIP).Hasta el primer trimestre de 2025, según la APS, este fondo acumulaba $us 28.224 millones. Dichos recursos provienen del descuento obligatorio que se realiza a todos los trabajadores formales del país. Entre 1997 y 2023, los fondos fueron administrados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) Futuro y BBVA Previsión.Sin embargo, desde 2023 la Gestora Pública asumió el control de estos recursos, en medio de un clima de suspicacia por la desconfianza que genera la gestión económica de Luis Arce marcada por la escasez de dólares y una inflación galopante, que hasta julio de este año acumula una tasa de 16,92%.La cifra impresiona. Se trata de uno de los mayores fondos de ahorro interno del país, equivalente a casi dos tercios del Producto Interno Bruto (PIB) boliviano. Sin embargo, el análisis de cómo se invierte ese dinero revela un patrón preocupante: el 95,9% de la cartera está en el mercado local, con un peso abrumador en el Estado y en la banca privada.La discusión sobre el futuro de las pensiones se da en medio de un contexto político agitado. A pocos meses de un cambio de Gobierno, el gerente general de la Gestora, Jaime Durán, renunció alegando motivos personales.El movimiento fue interpretado como un síntoma de inestabilidad en la institución encargada de administrar los aportes de más de dos millones de bolivianos.Pero Durán dijo que su renuncia no responde a una fuga ni a presiones políticas, sino al cierre de un ciclo. “No estoy escapando, cierro un ciclo”, declaró tras presentar su dimisión. /El Deber