El 10 de septiembre de 2025 fue promulgada la Ley N° 1636 de Protección de la Integridad Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes en Entornos Digitales, la misma actualiza el marco penal boliviano frente a los delitos que vulneran a los menores cada vez con más frecuencia. Para ello crea cinco nuevos tipos penales, obliga a tareas de prevención y a menos de un mes ya hay procesos abiertos y una sentencia.

Redacción

La iniciativa surgió como respuesta al incremento de casos conocidos públicamente en distintos departamentos de Bolivia, donde se evidenciaba una vulneración a los derechos de esta población, particularmente en redes sociales y juegos. Pero se carecía de herramientas legales para sancionar estas conductas.

El texto fue presentado por la Fiscalía General del Estado en abril de la presente gestión ante la Cámara de Diputados, donde fue aprobada por unanimidad. Como paso siguiente, también obtuvo consenso en la Cámara de Senadores y finalmente quedó promulgada el 10 de septiembre.

Durante años autoridades, activistas y también abogados reclamaban por herramientas legales para perseguir a agresores que operan en plataformas virtuales.

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Al respecto, el fiscal general, Roger Mariaca, explicó que Ley introduce nuevas tipificaciones al Código Penal y endurece las sanciones a quienes incurran en los delitos de grooming, producción y difusión de material íntimo infantil, comercialización de contenido sexual de menores y contacto sexual digital con fines eróticos.

Esta norma establece penas severas: 10 a 15 años de prisión para quien distribuya, comercialice, arriende o intercambie material íntimo de menores; penas de cuatro a ocho años para quienes contacten a menores por medios electrónicos con fines sexuales; y medidas accesorias para quienes faciliten plataformas o servicios que lucren con ese material.

Acerca de la persecución de agresores, la 1636 prevé mecanismos de preservación de pruebas digitales y cooperación internacional en casos transnacionales.  Por otra parte, incorpora definiciones terminológicas (TIC, material íntimo, grooming) y habilita la figura de agentes encubiertos digitales para operaciones de investigación bajo control judicial.

Sus artículos también contemplan la aplicación de medidas de protección urgente para las víctimas y protocolos de colaboración entre plataformas digitales, Fiscalía, Policía, Ministerio de Justicia y Defensoría del Pueblo.

Primeros casos

Tras una semana desde la promulgación, el 17 de septiembre el Ministerio Público abrió el primer proceso bajo el marco de la nueva Ley. Un hombre de 23 años de edad y de nacionalidad peruana fue enviado a la cárcel en Cochabamba con detención preventiva por presunta producción de material de abuso sexual de niña, niño o adolescente. Supuestamente se dedicaba a filmar y fotografiar a menores.

Luego, el 26 la Fiscalía Departamental de Cochabamba confirmó que un sujeto condenado a cumplir 30 años en El Abra por violación, también fue hallado culpable de producción de material de abuso a menores y pornografía, donde la víctima fue una niña de nueve años de edad.

Debates

Si bien la norma fue mayoritariamente celebrada por autoridades y organizaciones defensoras de la infancia como un avance indispensable, también quedan temas pendientes, como la capacitación de fiscales, policías y jueces en delitos digitales, la inversión en unidades forenses digitales y acuerdos internacionales para perseguir redes transfronterizas de explotación.

Casos de agresión a menores generan alerta

Durante el 2025 hubo una serie de casos que causaron conmoción especialmente porque las víctimas fueron menores de edad.

Uno de ellos ocurrió la primera semana de julio cuando la Policía Boliviana y la Fiscalía Departamental de Santa Cruz aprehendieron a un hombre de 38 años, quien tenía en su poder más de 6.000 archivos de contenido explícito, incluyendo imágenes y videos de niñas, niños y adolescentes.

Ahora enfrenta cargos por conformar una red de abuso y explotación sexual infantil./El País