La violencia digital paulatinamente se convirtió en un riesgo mayor, en especial para niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Hay datos y estudios provenientes del sistema judicial, como de organizaciones no gubernamentales que acreditan el incremento de hechos en los últimos años.

Está en marcha la tramitación de un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para combatir el acoso en plataformas virtuales a menores de edad, pero especialistas llaman a combinar estas medidas con otras de prevención y educación digital.

Datos

Un informe publicado por el Centro S.O.S. Digital titulado “Necesitamos respuestas estructurales a la violencia sexual a través de TIC”, muestra que hubo un incremento del 357% de casos de violencia digital que atendió su línea de ayuda entre el 2020 y el 2024.

Como base, detalla los tipos de violencia y la frecuencia de cada una. Encabeza la lista la violencia sexual mediante TIC, que contempla publicación o amenaza de publicar contenido íntimo sin consentimiento, con un 30%; le sigue el acoso con un 16%; en tercer lugar está la violencia no digital con 15%, el crackeo con 10%, amenazas con 9%, desprestigio 8%, abuso de información personal con 5%, fraude con 5%, acecho con 1% y pérdida de control de dispositivos 1%.

El documento también refleja un aumento entre el 2023 al 2024, particularmente en dos grupos etarios: el de niñas, niños y adolescentes, por una parte, y el de jóvenes de 18 a 24 años en casos de violencia digital, consolidándose como la población más vulnerable.

Los casos de violencia digital son el 50% en menores de edad, los de acoso un 33% y otros tipos el residual 17%. En cuanto a jóvenes, la violencia digital es el 42%, el acoso un 33% y otros un 25%.

Al observar los cuadros de personas adultas, la violencia digital baja a un 27%, el acoso a un 30% y suben otros hechos al 43%.

Casos

Durante el 2025 hubo una serie de hechos que alarmaron a la sociedad por delitos que abarcan agresiones sexuales a menores, en las que jugaron un rol las plataformas digitales, ya sea en captación o difusión de contenidos.

Uno de los que más llamó la atención incluso de los investigadores, que lo calificaron como “el mayor caso de pornografía infantil”, fue el de Eduardo E.G., de 38 años de edad, que en julio fue enviado a la cárcel de Palmasola con detención preventiva, luego de que fuera hallado en posesión de más de 6.000 archivos de material de abuso y explotación sexual contra menores.

El proceso contempla los delitos de abuso sexual y pornografía con agravante.

Días después, en el municipio de Tipuani, La Paz, la Policía desarticuló una red similar. Un hombre de 33 años fue hallado con más de 5.000 archivos digitales de contenido sexual explícito. El sujeto operaba como parte de una comunidad de intercambio de pornografía infantil, con antecedentes desde 2021.

Otro hecho es el de Roberto R.V., de 41 años, que en julio de 2025 fue sentenciado a la pena máxima de 30 años de prisión en Morros Blancos, Tarija. Esto tras un juicio oral donde se demostró que durante dos años abusó, violó y filmó a su hija, quien tenía 13 años al momento de la aprehensión del sujeto, a mediados del 2024.

Estos hechos ameritaron un pronunciamiento a fines del mes pasado de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, que calificó de “insuficiente” la reacción del Estado ante la pornografía infantil y este tipo de agresiones.

Ley en marcha

La Fiscalía General del Estado presentó en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) un proyecto de ley que incorpora en el Código Penal delitos digitales, como abuso sexual digital, exposición a contenido sexual y producción y posesión de material de abuso infantil, para proteger a niños y adolescentes en entorno digitales.

Dicho texto incluye el uso de “agentes encubiertos digitales”, fortalecimiento del sistema educativo y de salud en la prevención, denuncia y atención integral de las víctimas.

También enfatiza la corresponsabilidad de las familias, las empresas tecnológicas y los gobiernos subnacionales.

El texto ya fue aprobado por Senadores y resta su tratamiento en Diputados./El País