La Aduana Nacional presentó una querella penal ante la Fiscalía Departamental de Oruro contra dos exgerentes generales y el actual titular de la empresa estatal Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB), por presunto incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. La acción se basa en la presunta falta de medidas ante 33 casos de robo o extravío de mercadería comisada, valuada en Bs 7,3 millones, según los documentos de este proceso de orden penal.

Según la querella —a la que tuvo acceso  EL DEBER— el proceso se sustenta en un informe técnico elaborado por la Unidad Técnica de Inspección de Servicios Aduaneros (Utisa), dependiente de la propia Aduana Nacional, que registra los hechos entre 2021 y 2024.

“El 8 de julio se presentó una querella acompañada de un informe técnico que menciona la detección de 33 casos de presunta sustracción de mercancías, con un valor superior a siete millones de bolivianos (Bs). El proceso está en etapa preliminar y hoy (martes) se realizará una inspección”, informó desde Oruro el jefe de la Unidad Jurídica de la Aduana, Rubén Ayala.

El documento identifica como querellante al gerente regional de la Aduana en Oruro, Olberth Maydana, y señala como denunciados a los exgerentes de la DAB; Gonzalo García Grandi (2019–2022), Óscar Chambi Larico (2022–2024) y al actual titular Iván Víctor Meneses Cusicanqui (2024–2025).
A la denuncia también se adhirieron representantes de la Procuraduría General del Estado y del Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.

EL DEBER intentó obtener la versión del fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, sin éxito. Pese a varios intentos de comunicación telefónica y por mensajes a través de los canales de mensajería digital disponibles, la autoridad no respondió las consultas sobre las razones por las cuales, a más de tres meses de presentada la querella, aún no existen personas imputadas ni detenidas.

Investigación 

De acuerdo con la querella, la Utisa solicitó reportes internos a la Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública, que identificó los 33 casos de “extravíos y/o pérdidas de mercancías” almacenadas en el recinto aduanero de Oruro, bajo custodia de la DAB en virtud de un contrato de concesión.
En el documento, los querellantes también advierten que se “reservan el derecho”, de ampliar la investigación contra otros funcionarios o terceros involucrados  en la sustracción de la mercadería.

Por otro lado, remarcaron, “ante la existencia de un grave daño económico al Estado”, la Aduana solicitó a la Fiscalía, que se realicen diversas indagaciones, en relación al patrimonio de los tres denunciados.

En ese sentido, solicitaron que se requiera a Derechos Reales, la relación de las propiedades registradas a nombre de García , Chambi y Meneses. De la misma forma, los querellanantes piden que el fiscal solicite a Tránsito, empresas telefónicas y entidaddes bancarias, el registro de cuentas, motorizados y líneas telefónicas a su nombre.

La Aduana informó, además, que el extravío fue detectado tras una intervención realizada el 13 de junio de este año. Según la normativa vigente, la mercadería comisada es depositada en almacenes administrados por la DAB, responsable de su custodia desde el ingreso hasta su disposición final, según normativas vigentes. 

El informe también observó que la DAB no pudo activar las pólizas de seguro de responsabilidad civil contractual, extracontractual, cruzada y operacional, que debían cubrir el valor de las mercancías comisadas.

Ayala agregó que estas presuntas sustracciones, al no haber sido reportadas oportunamente, impidieron que los bienes sean destinados al Ministerio de la Presidencia para fines benéficos o subastados públicamente, como establece la ley.

Datos de la Aduana

• Variedad de productos

El Jefe de la Unidad Jurídica de la Aduana Nacional, Rubén Ayala, informó que la mercadería extraviada es de diferente tipo y valor.

• Sistema de seguridad 

De acuerdo a la información brindada por la presidenta de la Aduana Nacional, Karina Serrudo, las instalaciones de Oruro, de donde fue sustraída la mercadería en 33 oportunidades, tiene un sistema de seguridad “de última generación”, con 66 cámaras de vigilancia, conectadas al centro de monitoreo de La Paz, que tienen un costo de Bs 6,2 millones./El Deber