El Gobierno Departamental de Tarija a través de la Secretaría Departamental de Recursos Naturales y medio ambiente, ya ha hecho la denuncia formal ante el Juzgado Agroambiental de Villa Montes, para tomar las medidas precautorias ambientales en el río Pilcomayo. “De la misma manera, se va hacer un proceso penal contra estas personas”, anunció en Villa Montes,  Evelio Téllez, jefe de la Unidad de Biodiversidad del Gobierno Departamental de Tarija

El proceso es contra los dueños de concesiones pesqueras implicados en la instalación de trampas ilegales en el río Pilcomayo, zona del Angosto. Los responsables se exponen a penas de hasta 4 años de prisión y a la reversión inmediata de sus concesiones, por atentar contra la biodiversidad y la migración natural del sábalo. La denuncia inicial es una medida precautoria para que las trampas sean destruidas. Esta ya fue radicada ante el Juzgado Agroambiental de Villa Montes.

La depredación del río Pilcomayo no quedará impune, advirtió Tellez. La medidas de acción es contra los propietarios de concesiones pesqueras involucrados en la instalación de trampas ilegales en la zona del Angosto, un paso clave para la migración del sábalo hacia la cuenca alta del río.

“Ya no hay tolerancia. La ley es clara: nadie puede obstaculizar la migración de las especies ni utilizar artes de pesca prohibidas. Las personas que han instalado trampas en el Pilcomayo hoy tendrán que responder ante un juez”, afirmó Téllez, quien encabezó la verificación in situ y sostuvo reuniones con pescadores, técnicos de Codefauna (Conservación y Desarrollo de la Fauna) y autoridades regionales.

Las sanciones contempladas en la legislación vigente no son menores. Según explicó el funcionario, los responsables podrían enfrentar es la reversión inmediata de sus concesiones pesqueras y, en el ámbito penal, podrían enfrentar entre tres y cuatro años de cárcel. “(…) el caso es un atentando contra un bien natural del Estado: la fauna ictícola del Pilcomayo”.

Durante las inspecciones, se detectaron inicialmente tres trampas ilegales, pero la cifra creció rápidamente a cinco, lo que encendiendo aún más las alarmas. En respuesta, se activaron medidas precautorias desde el puente Ustárez hasta el puente Sábalo, una franja crítica para la reproducción del sábalo, que migra desde el bañado La Estrella hasta las cuencas bolivianas.

“La Secretaría de Recursos Naturales ya presentó la denuncia formal ante el Juzgado Agroambiental de Villa Montes. Esperamos que el juez actúe con prontitud, porque estas migraciones son temporales y si no se actúa a tiempo, se pierde el ciclo reproductivo”, remarcó Téllez.

Los grupos señalados en la denuncia incluyen a las familias Rentería, Choco Grande, La Juca, entre otros concesionarios identificados. El objetivo ahora, explicó el funcionario, es sentar un precedente legal: “Durante 20 o 25 años se formaron malos hábitos. Pero eso se acabó. Hoy estamos haciendo cumplir la ley. Las concesiones deben pasar a personas que respeten el medioambiente y las normas del Estado”.

La acción del Gobierno Departamental también busca erradicar prácticas nocivas como el uso de trampas que bloquean el flujo natural del río, sustituyéndolas por artes de pesca permitidas, como la malla pollera, la malla de arrastre o las tradicionales tijeras.

Con esta denuncia, el Gobierno Departamental busca no solo sancionar a los responsables, sino transformar radicalmente la gestión de las concesiones pesqueras, entregándolas a actores comprometidos con el medioambiente y la pesca sostenible./El País