Autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y organismos de defensa de derechos humanos presentaron la propuesta de reglamento de la Ley 1680 de Protección Integral y Reparación para Hijas e Hijos Huérfanos Víctimas de Feminicidio y Otros Delitos Contra la Vida, con el objetivo de viabilizar su pronta aprobación e implementación por parte del Órgano Ejecutivo.

La propuesta normativa fue elaborada de manera participativa durante las últimas semanas, articulando el trabajo de instituciones del Estado, organizaciones sociales y especialistas en niñez y derechos humanos.

“Este reglamento establece procedimientos claros para que los beneficios económicos lleguen oportunamente y garantiza atención psicosocial especializada en trauma. No estamos hablando solo de asistencia, sino de reparación integral, acompañamiento sostenido y dignidad”, afirmó la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Jessica Echeverría.

La autoridad explicó que el documento fue trabajado por un equipo técnico-jurídico especializado, con la participación de organizaciones como Voces Libres, Aldeas Infantiles SOS, la Defensoría del Pueblo y otras instituciones públicas y privadas, con el fin de consolidar un instrumento que fortalezca la coordinación entre los distintos sistemas de protección de la niñez y adolescencia.

Echeverría envió un mensaje a nombre del presidente Rodrigo Paz: “El Estado no los va a abandonar, no los va a dejar solos. Este reglamento es una muestra del cumplimiento de la palabra empeñada y de un paso hacia la reparación histórica para estas víctimas”.

Mónica Bayá, representante de la Comunidad de Derechos Humanos, explicó que el reglamento es resultado de un proceso colectivo que se inició con la promulgación de la ley el año pasado.

“Esta normativa nace de la necesidad de visibilizar las situaciones de vulnerabilidad y nuevas violencias que enfrentan niñas, niños y adolescentes que han quedado huérfanos por feminicidio y otros delitos contra la vida”, señaló.

Bayá destacó que la ley fue construida mediante un proceso participativo que involucró a asambleístas de distintas fuerzas políticas, integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y organizaciones de la sociedad civil que impulsaron la normativa a nivel nacional.

Por su parte, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, señaló que en el primer trimestre del año se registraron 17 feminicidios, cada uno de los cuales deja como consecuencia niñas y niños en situación de orfandad, con limitaciones económicas, afectaciones emocionales y riesgo de aislamiento social. “Existe una deuda del Estado con estas víctimas invisibles”, afirmó.

Callisaya enfatizó que la norma, promulgada en noviembre pasado, amplía su cobertura a hijas e hijos huérfanos por feminicidio, asesinatos cuando el procesado sea pareja o expareja de la víctima, y homicidio-suicidio como consecuencia de hechos de violencia. Entre las medidas contempladas se encuentra un bono económico de hasta el 20% del salario mínimo nacional, paquetes alimentarios y otras acciones de protección con enfoque integral. No obstante, remarcó que la ley requiere el reglamento para su efectiva materialización./ERBOL