El exministro de Hidrocarburos señala que la adulteración del combustible sería parte de una red que operaba fuera del país y exige sanciones para empresas transportistas. También advierte que YPFB debe replantear su futuro ante la caída del negocio del gas.

El exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos afirmó que el caso de la gasolina adulterada, que dañó miles de vehículos en Bolivia, apunta a una red vinculada al crimen organizado y no a un simple error operativo dentro de la cadena de suministro de combustibles.

Ríos sostuvo que, tras más de dos meses de denuncias por fallas en motores, finalmente se comienza a conocer la causa del problema. Sin embargo, advirtió que el hecho es grave porque implicaría una estructura organizada dedicada al robo y adulteración de combustibles.

“Me preocupa porque es una banda, algo más allá de una simple contaminación o equivocación interna. Está vinculado al crimen organizado”, afirmó.

Según explicó, el esquema habría operado principalmente fuera de Bolivia, donde cisternas que transportaban combustible eran manipuladas para extraer entre 2.000 y 3.000 litros, los cuales luego eran reemplazados con aceite usado y agua sucia antes de ingresar al país.

El exministro calificó esta práctica como un acto “criminal” y pidió sanciones ejemplares contra las empresas transportistas involucradas.
“Se han robado combustible, lo han adulterado y esto se ha hecho por mucho tiempo. Habrá que penalizar a cientos de cisternas y conocer a las empresas de transporte que estaban detrás”, sostuvo.

Fallas en los controles

Ríos también cuestionó que el sistema de control no haya detectado antes la manipulación del combustible. Señaló que las cisternas cuentan con precintos de seguridad que no deberían violarse.

Sin embargo, según la información conocida, la adulteración se habría realizado por la parte superior de los tanques, a través de válvulas o bridas, lo que permitió retirar combustible y reemplazarlo con otros líquidos.

A su juicio, el país todavía necesita conocer quiénes estuvieron detrás del esquema. “Nos han explicado cómo lo hacían, pero todavía no nos han dicho quiénes lo hacían”, señaló.

Suspensión de proveedores

El exministro también expresó sorpresa por el anuncio del Gobierno de suspender contratos de provisión de combustible con las empresas internacionales Vitol y Trafigura.

Indicó que ambas compañías son traders importantes en el mercado energético y han sido proveedores clave para Bolivia, además de ofrecer condiciones de crédito para la importación de combustibles.

“No sé qué relación tiene una cosa con la otra. Son dos noticias que han salido casi al mismo tiempo y llama la atención que se suspenda a los principales proveedores del país”, afirmó.

Futuro de YPFB

Más allá del caso de la gasolina adulterada, Ríos consideró que uno de los principales desafíos para la nueva presidenta de YPFB, Claudia Cronenbold, será redefinir el futuro de la empresa estatal.

El exministro aseguró que la petrolera se encuentra “sobredimensionada” frente al nuevo contexto energético del país, marcado por la caída de las exportaciones de gas.

Por ello, sugirió realizar una consultoría estratégica que evalúe el mercado, las reservas disponibles, la infraestructura existente y la rentabilidad de las unidades de negocio.

“YPFB es un monstruo grande. Si la mantenemos tal como está nos va a seguir generando problemas”, advirtió.

Investigación

Respecto a la posibilidad de investigar al expresidente de YPFB, Armin Dorgathen —mencionado en el debate público—, Ríos señaló que primero deben identificarse a los responsables directos de la adulteración del combustible.

Según su criterio, si el Gobierno ya estableció que el problema fue causado por transportistas que operaban fuera del país, la prioridad debe ser dar con esas empresas y sancionarlas.

“Lo que falta es conocer a los responsables que han dañado el patrimonio de los bolivianos”, concluyó.