De las nueve organizaciones políticas que están habilitadas para participar en las elecciones generales, entre alianzas y partidos, seis proponen en sus planes de gobierno, eliminar la modalidad de elegir por voto popular a magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional. 

En ese afán, proponen reformas estructurales al sistema judicial de Bolivia, que necesariamente implica modificar la Constitución Política del Estado (CPE). Asimismo, otra coincidencia de la mayoría de los candidatos y sus organizaciones políticas, es que la elección de las altas autoridades del Órgano Judicial y del TCP, sea de forma meritocrática.

Entre las organizaciones que proponen eliminar la elección por voto de los magistrados están las alianzas Libre, Unidad, Libertad y Progreso, además de los partidos Súmate, MAS y Morena, mismos que en sus planes de gobierno coinciden en que la profunda crisis del sistema judicial se debe a que las actuales autoridades responden a una línea política desde que la Asamblea Legislativa y sus bancadas intervienen directamente en la preselección de magistrados.

¿Y cuál es el resultado?, un sistema judicial politizado, plagado de corrupción, sin institucionalización y con una credibilidad casi nula.

Y es hasta el propio Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido gobernante que impuso con la implementación de una nueva Constitución Política del Estado, la elección de magistrados por voto desde 2011, el que ahora admite que el actual sistema judicial se caracteriza por la retardación en los procesos judiciales, la falta de independencia judicial. 

“El sistema judicial está quebrado, dañado por una corrupción estructural”, señala el MAS en su programa de Gobierno.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE), como parte del proceso electoral rumbo a los comicios nacionales del 17 de agosto, recopiló todos los planes de gobierno de los candidatos que aspiran a la silla presidencial.

Propuestas de las alianzas

La alianza Libre, que postula a la presidencia a Jorge Tuto Quiroga, en su propuesta dice que, por las fallas estructurales, para que unos cuantos se favorezcan con el incremento de su poder, se impone un cambio radical para asegurar transparencia e independencia en el sistema de justicia.

Y lo principal es “desmantelar el sistema de elección de los altos cargos del Órgano Judicial (magistraturas del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de la Magistratura y Tribunal Agroambiental)”, dice Libre.

Aunque en ese acápite no dice explícitamente que se va a realizar una reforma constitucional, el plan de Libre infiere que se deberá modificar la Constitución boliviana para cambiar el modo de elegir a los altos magistrados.

El plan de gobierno de la alianza la Fuerza del Pueblo que lidera Unidad Cívica Solidaridad (UCS), no aborda ninguna variable de la crisis del sistema judicial.

La alianza Unidad que postula a Samuel Doria Medina, hace énfasis en impulsar una reforma integral al sistema judicial basado en la independencia y la meritocracia. Para ello ve urgente hacer una “reforma constitucional profunda que transforme estructuralmente el sistema judicial boliviano”.

Para ello plantea dos factores: eliminar la elección de magistrados por voto popular y suprimir al Tribunal Constitucional Plurinacional y en su lugar crear una Sala Constitucional y que la misma sea parte del Tribunal Supremo de Justicia.

En ese marco, el programa de Unidad sugiere otros cinco pilares para la reforma judicial, entre los mismos están: una carrera judicial ética y meritocrática; la unificación del sistema judicial; una auditoría y revisión de sentencias contrarias a la Constitución, el desmantelamiento del aparato político de abuso de poder y la financiación suficiente para una justicia eficaz./ El deber