El gobernador del departamento de Tarija, Oscar Montes Barzón, promulgó el Decreto Departamental N.º 027/2025, que establece el Auto de Buen Gobierno con motivo de las Elecciones Generales del 17 de agosto.
La huelga de hambre de los trabajadores en salud ha entrado al segundo día. Lejos de avizorar una solución, la Gobernación de Tarija ha conminado al Gobierno Nacional a resolver este conflicto. Cabe señalar que el sector salud ha instalado este piquete el pasado miércoles, en rechazo al despido de 90 trabajadores, además de demandar que se garantice el presupuesto para 500 trabajadores más, que corren riesgo de ser despedidos en 2026.
El conflicto entre el sector salud y la Gobernación ha escalado a un nuevo nivel de tensión. Los trabajadores en salud han decidido instalar una huelga de hambre en el frontis de la Gobernación de Tarija, como una medida de protesta en rechazo al despido masivo anunciado por el ejecutivo departamental. El piquete arrancó con tres personas y se prevé que en los siguientes días se vayan adhiriendo otras más.
Por falta de presupuesto para el pago de salarios, la Gobernación de Tarija instruyó al Servicio Departamental de Salud (Sedes) finalizar 90 contratos de trabajadores de salud hasta el 31 de julio. Esto afecta a diferentes áreas, desde enfermeras hasta personal de laboratorio. Esta determinación provocó un rechazo en los trabajadores de salud, quienes anuncian movilizaciones por el retiro del personal y por el bono vacunación, que debió cancelarse el 6 de julio.
Con el apoyo de dos tercios del pleno, la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) aprobó el proyecto de ley para modificar parcialmente el Estatuto Autonómico y de esa manera reducir el número de asambleístas y suprimir la figura de los subgobernadores.
La nueva Ley de Estructura de Cargos y Escala Salarial N°504 del Gobierno Departamental de Tarija ha sido promulgada por el gobernador Oscar Montes y publicada en la Gaceta Oficial el pasado 1 de julio. Esta normativa disminuye los gastos de sueldos y salarios en un 20%, es decir, de 48.254.808 bolivianos a 38.446.092 bolivianos. Sin embargo, esto no ha dejado contento a todos, pues desde la bancada del Movimiento al Socialismo (MAS) advierten que es baja la reducción y apuntan a una complicidad entre el ejecutivo y la Directiva liderada por Damián Castillo.
La Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) atraviesa una crisis financiera. Arrastra una deuda que bordea los 2,8 millones de bolivianos, situación que no solo amenaza con colapsar su operatividad administrativa, sino que limita su capacidad legislativa en un momento crítico para el departamento. Aunque desde la nueva Directiva se anuncia una reestructuración interna y la implementación de medidas de ajuste, el tiempo apremia: solo le quedan seis meses de gestión y la posibilidad de llegar a fin de año sin paralizarse depende de más ajustes que vayan a tomarse en las siguientes semanas.
En una asamblea encabezada por el dirigente Franz Ayarde la mañana de este viernes, trabajadores del Servicio Departamental de Caminos (Sedeca) exigieron la restitución formal de sus fuentes laborales, en cumplimiento al Decreto Departamental 0019/2025 que restituye legalmente esta institución como una unidad organizacional desconcentrada de la Gobernación.
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ordenó al gobernador de Tarija, Óscar Montes, reincorporar a 200 trabajadores que fueron desvinculados del exSedeca. La decisión responde a una acción de amparo constitucional presentada por los afectados, quienes denunciaron despidos irregulares tras el cierre de esa institución departamental.
La crisis en salud en el departamento de Tarija se profundiza y se extiende sin una solución a la vista. Tanto autoridades de la Gobernación como de los gobiernos municipales han advertido que no cuentan con los recursos suficientes para sostener la contratación de personal sanitario. Ante esta situación límite, han coincidido en exigir al Gobierno nacional que asuma esta competencia, más aun considerando que concentra el 75% de los ingresos impositivos del país.
