Aunque el Gobierno Municipal de Tarija ha hecho conocer su intención a la empresa Smart Solutions de rescindir el contrato por el proyecto fotomultas, el sector del transporte ha determinado moverse por la vía judicial para cuestionar su legitimidad, advirtiendo que ha sido una medida inconsulta con los actores involucrados, por lo que ha instruido no pagar las sanciones.

El dirigente del Transporte Libre en Tarija y también senador por el MAS, Luis Casso, detalló que se han presentado dos memoriales al Municipio, en donde solicitan una fotocopia del contrato de concesiones suscrito con la empresa Smart Solutions, la documentación presentada para suscripción del contrato, la documentación para la contratación y adjudicación a la empresa, además del plan de velocidades y reglamentos para implementar las fotomultas.

A esto también han exigido transparentar el libro de pagos que se ha ejecutado por concepto de las fotomultas en Tarija.

“Nosotros hemos visto que esta situación, evidentemente hay un decreto, pero no ha habido un plan de control de velocidades en la ciudad”, indicó.

Sobre este tema, el exdirigente de la Federación de Transporte Libre, Hugo León, tras realizar un análisis de esta problemática, manifestó que las fotomultas son legales, pero no es constitucional. Argumentó que el Código y Reglamento de Tránsito establece las faltas de primer, segundo y tercer grado, y que consecuentemente está por encima del decreto que ha dado vía libre a las fotomultas.

Mencionó que el Código establece que no respetar el semáforo la multa es de 50 bolivianos, pero el decreto establece 135 UFVs quien vulnere el semáforo y una multa de 370 bolivianos, lo que no contrasta con la disposición nacional y no va a resistir si se somete a un amparo constitucional./El País