La orden de aprehensión, el arraigo migratorio y la declaratoria de rebeldía contra el expresidente Evo Morales continúan vigentes, afirmó este lunes el fiscal general del Estado, Roger Mariaca. Las medidas fueron dispuestas por un juez de Tarija dentro del proceso que se sigue contra Morales por el presunto delito de trata de personas con agravante. Mariaca alegó que la ejecución de la orden de aprehensión está ahora en manos de la Policía Boliviana.

“Tenemos una imputación formal presentada y una declaratoria de rebeldía que dictó un juez cautelar en Tarija. Conforme al juez de La Paz, todo se mantiene vigente”, explicó Mariaca.

La aclaración surge después de que, la semana pasada, la jueza Lilian Moreno de Santa Cruz emitiese una resolución que suspendía la orden de aprehensión y ordenaba el traslado del caso a Cochabamba. Sin embargo, días después, un juez del Tribunal Departamental de La Paz dejó sin efecto dicha decisión, ratificando la validez de las medidas emitidas originalmente.

Mariaca subrayó que el Ministerio Público debe actuar conforme a la ley y que no le corresponde invalidar resoluciones judiciales: “Nuestra obligación es dirigir la investigación, pero hay decisiones que son exclusivamente jurisdiccionales”, señaló.

En octubre de 2024, la Fiscalía de Tarija emitió una orden de aprehensión contra Morales por una denuncia en su contra vinculada a una supuesta relación que tuvo con una menor de edad durante su gestión presidencial, con quien habría tenido una hija, según las investigaciones.

“La autoridad jurisdiccional de La Paz ha determinado que se mantenga vigente el auto que dictó el juez de Tarija (…) están plenamente activas las medidas previstas en los artículos 87 y 89 del Código de Procedimiento Penal”, precisó Mariaca.

Mientras tanto, el cumplimiento del mandamiento de aprehensión depende ahora del plan operativo que defina la Policía Boliviana, según afirmó el fiscal general.

“Vamos acatar lo que establece el procedimiento. Tenemos una imputación formal presentada en su momento y una declaratoria de rebeldía que dictó un juez cautelar en Tarija, lo cual, conforme a lo que ha mencionado el juez de La Paz, se mantiene vigente. Entonces, el ejecutarlo es, netamente, un trabajo de la Policía Boliviana”, agregó Mariaca./El Deber